La Instrucción

A. DEFINICION.
Es la fase del proceso penal que tiene como objetivo fundamental la realización de todos los actos de investigación orientados a determinar si existe justificación para la apertura del juicio y a preparar la acusación y la defensa del imputado. Si por el contrario no se obtienen suficientes elementos para el anterior efecto, el fiscal debe solicitar sobreseimiento definitivo o provisional o cualquier otra de las posibilidades establecidas en el artículo 313 Pr. Pn.
Estas investigaciones son prácticamente el complemento necesario de la investigación inicial que por diversos motivos no pudieron realizarse en el transcurso de la misma, pues obviamente tal investigación es únicamente la base para formular el requerimiento fiscal. Evidentemente que la importancia que la fase de instrucción conlleva es el carácter jurisdiccional, en la investigación inicial, por el contrario la investigación inicial está impregnada por un carácter administrativo.

B. ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES.
Antes de comentar sobre las diferentes actividades que pueden desarrollarse en la instrucción, es necesario tener en cuenta la finalidad concreta de esta fase y para ello es importante recordar lo establecido en el artículo 265 del Código Procesal Penal; el cual señala que "La instrucción tendrá por objeto la preparación de la vista pública, mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y preparar la defensa del imputado".
Partiendo de esta transcripción legal podemos entonces delimitar en forma inicial los objetivos concretos de la instrucción, para luego establecer las posibles actividades que el fiscal debe realizar en relación a la misma.

C. OBJETIVOS DE LA INSTRUCCION .
La instrucción como se comentó inicialmente, tiene como objetivos principales los siguientes:
1. Preparar la vista pública (determinar si existe mérito para la apertura del juicio)
2. Fundar la acusación del fiscal o del querellante; y
3. Preparar la correcta defensa del imputado.

Es lógico que en el fondo lo que se persigue es evitar la realización de juicios inútiles, evitar realizar estos juicios con fundamentos inexistentes o insuficientes, es decir producto de acusaciones infundadas, etc.

Con relación a fundar la acusación fiscal, lo que se pretende es que el fiscal tenga todos los elementos incriminantes contra el imputado que verdaderamente le permitan solicitar el juzgamiento en un momento posterior. Es necesario aclarar desde ya que en la fase de instrucción no debe recolectarse prueba estrictamente hablando, solo deben realizarse actos jurisdiccionales, actividades de investigación, para fortalecer la acusación de que ya hablamos y, como es obvio, para reunir elementos de convicción que permitan definir la apertura o no de la etapa de juicio.
En cuanto a la preparación de la defensa del imputado, se puede decir que en principio tiene su base en la correcta imputación realizada a través de la acusación. Esto es obvio pues es en la acusación, donde se le delimitan los cargos al imputado y a partir del conocimiento de esos cargos establecidos en forma concreta, entendible y específica, éste puede estructurar su defensa material y por supuesto su defensa técnica.
También es importante tener en cuenta el plazo de la instrucción, establecido en los artículos 274 y 275 Pr. Pn., y que se analizan posteriormente.

El Requerimiento Fiscal

El Requerimiento fiscal es un acto procesal por medio del cual, concluidas las diligencias iniciales de la investigación, el fiscal requiere al juez para que inicie un proceso penal.
De acuerdo a los resultados de la investigación inicial, el requerimiento fircal puede tener distintas finalidades. Por ejemplo, puede contener una petición de instrucción o sobreseimiento, ya sea definitivo o provisional. También puede pedir la desestimación de la denuncia, querella o de informe de la policía, la aplicación de un criterio de oportunidad, etc.
Los Arts. 247 y 248 Pr. Pn., regulan la forma y contenido del requerimiento fiscal de la siguiente manera:
"Recibidas las diligencias iniciales de la Policía, el fiscal formulará requerimiento dentro de los plazos establecidos. En el podrá solicitar:
1) La instrucción, con o sin detención provisional del imputado;
2) La desestimación de la denuncia, querella o informe policial;
3)El Sobreseimiento, definitivo o provisional;
4)Se prescinda de la persecución penal en razón de criterios de oportunidad de la acción pública;
5) La suspensión condicional del procedimiento a prueba;
6) El procedimiento abreviado, conforme a las reglas previstas en este código; y
7) La conciliación

En el caso de requerir instrucción formal, su solicitud contendrá las generales del imputado o las señas para identificarlo, la relación circunstanciada del hecho con indicación, en la medida de lo posible, del tiempo y medio de ejecución y las normas aplicables; la indicación de las diligencias útiles para la averiguación de la verdad y la estimación del plazo necesario para la instrucción, considerando los plazos establecidos en éste código. Cuando se solicite el procesamiento, el requerimiento contendrá, además, la solicitud fundada para que se mantenga en detención provisional u otra medida cautelar al imputado.
Antes de pasar a analizar lo concerniente a cada una de las circunstancias, es preciso mencionar que, tal como se expresa en la disposición que analizamos, el requerimiento fiscal es un medio para solicitar una diversidad de situaciones que hacen que el caso investigado pueda ser tratado de diversas maneras. Este criterio es diferente al que sustentaba el Código Procesal Penal anterior, pues en él, el requerimiento fiscal estaba regulado con una sola finalidad: Pedir la iniciación del proceso al juez.
Con respecto al plazo de la instrucción, ésta no excederá de seis meses, a partir del auto que le da inicio, indistintamente que se trate de delitos graves o menos graves. No obstante, en casos de excepcional complejidad, el juez de instrucción, de oficio o a petición de alguna de las partes, podrá solicitar a la Cámara de Segunda Instancia correspondiente, por una sola vez, que fije un plazo mayor, debiendo indicar las razones de la prórroga y el plazo razonable para concluir la instrucción. Además, el Código Procesal Penal regula un procedimiento común único, sin distinguir entre juicio ordinario y juicio sumario, como lo hacía el Código Procesal Penal anterior.

La nulidad

"La nulidad ha sido definida como la sanción que tiende a privar de efectos (eficacia) a un acto (o negocio jurídico) en cuya ejecución no se han guardado ciertas normas".
En este orden de ideas, "el acto procesal es nulo, cuando así se declara judicialmente, con motivo de no haberse observado formas determinadas por la Ley para su constitución, lo que determina que no produzca ningún efecto jurídico en el proceso.
De esta manera, se describe a la nulidad como una sanción procesal que tiene por objeto anular los efectos que dentro del proceso penal, produce un acto procesal que se realizó sin cumplir con los requisitos que la ley previó para su correcta válidez.
Doctrinariamente y en atención a la gravedad de los efectos causados por el acto procesal defectuosamente realizado, las nulidades se clasifican en nulidades absolutas y nulidades relativas.
Las nulidades absolutas son "aquellas que por recaer en un requisito esencial del negocio, impide la formación del acto. Luego no puede ser convalidada, es insanable y ni siquiera necesita ser invalidada, pero puede ser declarada, ya sea de oficio o a petición de cualquier persona interesada, incluyendo al Ministerio Público.
Por su parte las nulidades relativas son aquellas "que se refieren a los requisitos accesorios, por lo cual no impide la formación del acto, sino que éste nace, inclusive válido, pese al defecto. Esta nulidad necesita ser declarada, pues el acto subsiste hasta ese momento.
También, estas nulidades pueden ser declaradas de oficio o a petición de parte. Una vez declaradas vuelven nulos todos los actos consecutivos que dependen o se relacionan con ellas y el juez ordenará la reposición o ratificación de tales actos procesales o diligencias.
En una visión formalista "La diferencia que existe entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, consiste en que la primera tiene lugar sin reclamación de la parte, es una fuerza tutelar que actúa mientras dura el proceso y cuida que las normas esenciales no se violen. La nulidad absoluta, está en correspondencia con una norma de derecho necesario. La nulidad relativa, por el contrario, es contingente, no produce siempre efectos y tiene lugar solo cuando media reclamación de las partes: es una tutela subordinada a cierto poder dispositivo de las partes.
La absoluta, solo puede serlo por mediación de la cosa juzgada.

Finalidad de la prueba

La prueba, como primera finalidad, no única, pretende lograr la convicción judicial, acerca de la exactitud de una afirmación de hecho, convicción que no gira en torno a la veracidad o falsedad del hecho base de la afirmación, ni tiene como apoyo el dato de la existencia o no de tales hechos, por el contrario, la convicción es respecto de la exactitud de la afirmación fáctica, no convicción en términos de certeza absoluta sino únicamente de probabilidad.
O sea que la convicción judicial sobre la prueba, es un juicio de verosimilidad, de probabilidad, entre la afirmación del hecho y el hecho acaecido.
Otra finalidad de la prueba, atendida como medio o actividad, es garantizar la realización de un proceso justo, eliminando cualquier arbitrariedad judicial. Esto proviene de los efectos de la presunción de inocencia, pues, para poder desvirtuar su existencia, debe haber en el proceso una mínima actividad probatoria de cargo, actividad probatoria que en función de la preeminencia de los derechos fundamentales debe ser realizada respetando la eficacia de tales derechos. Por ello, es que la mayoría de legislaciones procesales excluyen determinados métodos o medios para la búsqueda y obtención de pruebas (por ejemplo la tortura o la coacción en la confesión) e incluso, excluyen que ciertos datos tengan la posibilidad de constuirse en prueba. Por lo tanto, la convicción judicial no ha de obtenerse a cualquier precio y sin freno alguno, sino que debe hacerse en atención a medios de prueba concretos, específicos y lícitos.
Por último la prueba como actividad cumple una finalidad política. Ello se desprende de que como la prueba es la base y fundamento de la sentencia, y ésta debe ser motivada, es la motivación de la sentencia la que cumple esa función de permitir un cierto control político y social de las decisiones judiciales en un Estado de Derecho. Como afirma Asencio : " en definitiva la prueba tiene un fin que va más allá de la persona del juez y que refleja y expande el amplio dominio de la conciencia social a través de los diversos órganos de control de que dispone la sociedad."

La defensa material y la defensa técnica

DEFENSA MATERIAL: Esta se realiza por medio de las declaraciones que el imputado brinda en el proceso, pudiendo hacerlo cuantas veces quiera, siempre que sean pertinentes. Es la defensa material activa, pero tambien puede hacerlo pasivamente, cuando se abstiene de declarar. Por ello la declaración del imputado, mas que un medio de prueba, es un medio de defensa.
El fundamento de la defensa material la encontramos en el principio hemo tenetur se deteger que significa que nadie puede ser constreñido a obrar contra sí mismo. Nuestra Constitución establece que ninguna persona puede ser privada de ninguno de sus derechos sin ser previamente oida ( Art. 11 ) y no puede ser obligada a declarar ( Art. 12 ). Lo que significa que ninguna pena se puede aplicar sin audiencia del interesado, cuyas declaraciones no deben ser requeridas bajo juramento o promesa, u obtenidas mediante amenaza o coacción.
DEFENSA TECNICA: Esta es ejercida, generalmente, por un abogado y solo excepcionalmente se concede al propio imputado. Esta se ejerce mediante instancias, argumentaciones, alegatos u observaciones que se basan en normas de derecho sustantivo o procesal. Por ello, se exigen conocimientos jurídicos que el imputado, en la mayoría de casos carece. Sin esos conocimientos el imputado no se podría defender eficazmente, y la defensa no respondería a sus fines.

Diferencia entre los casos de prueba anticipada y prueba preconstituida

Hay que empezar aclarando que ambas son excepciones a la regla de que solo constituye prueba la practicada en el juicio.
todas estas excepciones responden a un presupuesto común o genérico que son los llamados actos definitivos e irreproducibles o actos irreproducibles urgentes, en los que la urgencia deviene de la posibilidad que el acto se vuelva irreproducible para el juicio. Estos actos son de tres especies: a) los actos definitivos e irreproducibles de suma urgencia; b) los anticipos de prueba; y c) la prueba preconstituida.
Los actos definitivos e irreproducibles de suma urgencia son aquellos de cuya realización inmediata depende su eficacia. Son actos que la ley permite incorporar al debate mediante lectura ( Art. 330 No. 4 Pr.Pn. ), sin que se hayan practicado con inmediación judicial, ni control de partes; generalmente estan referidos a actos practicados al inicio de la investigación, en cumplimiento de las atribuciones policiales reguladas en los Arts. 241 No.3 y 244 Inc. 1 Pr.Pn.. por ejemplo: La Inspección policial en la escena del delito.
Los anticipos de prueba son actos para cuya realización no existe extrema urgencia y su valor probatorio depende de que se practiquen anticipando las condiciones del juicio ( Art. 330 No.1 Pr.Pn. ), por ejemplo: Una pericia que destruirá la materia sobre la cual se practica; una declaración de testigo próximo a ausentarse, etc.
La prueba preconstituida, al igual que la anticipada, se practica antes del momento oportuno para su producción, pero a diferencia de la segunda, la prueba preconstituida es anterior al inicio del proceso u originada durante su curso pero con independencia de él, sin constituir un acto procesal en sentido estricto, de modo que se restringe a la prueba documental ( entendida como instrumental pues así lo indica el tratamiento que el código procesal penal hace de ella en los arts. 330 No. 4 y 351, y, lógicamente, tampoco supone intervención judicial ni de las partes ). Por ejemplo: Los documentos del estado familiar o del derecho real de dominio ).

Medios de Prueba

Medio de Prueba es el procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso.

La regulación legal de los medios de prueba, tiene por finalidad establecer las circunstancias que posibilitan el ingreso del dato probatorio que existe fuera del proceso, para que pueda ser conocido por el tribunal y las partes.

Habitualmente, en las distintas legislaciones procesales se regulan los medios de prueba que usualmente se utilizan en la mayoría de los procesos penales, como por ejemplo: Testigos, peritos, registros, etc. Pero ocurre, que pueden existir otros medios de prueba que el legislador no previó. Con ese fin se establecen medios supletorios. Algunos cuerpos normativos, como el Código Procesal Penal, disponen que para la incorporación de prueba cuyo medio no está previsto, se debe usar analógicamente el que más se parezca a la clase de dato. Para otros, el medio que siempre se debe usar es el de la prueba documental.
A diferencia del proceso inquisitivo, en el proceso penal moderno la actividad probatoria está dirigida a todos los sujetos procesales. Prueba en principio, la constituyen solo los datos que se vierten y examinan en el juicio, por lo tanto viene a ser instrumento de discución y debate por las partes en el acto de la vista pública (juicio oral) y, aunque su finalidad última radique en obtener una sentencia determinada, no todos los intervinientes en el proceso actuán en persecución de un ínteres concreto en la condena, de tal manera que al Fiscal, al Juez o al tribunal, en uso de sus facultades de investigación, les compete la misión de hallar la verdad, sea ésta favorable o adversa al imputado (principio de imparcialidad), con lo que las pruebas de cargo practicadas por ellos, gozán igualmente de la finalidad de proporcioonar al sujeto pasivo del proceso datos para su contradicción y, si cabe, desvirtuación. Por ello, del defensor se dice que su actividad probatoria solo se dirige en la búsqueda de datos favorables a su defendido (principio de imparcialidad)

La Vista Pùblica

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN EL PROCESO PENAL

En el proceso penal Salvadoreño, se encuentran regulados dos tipos de procedimientos para enjuiciar las conductas ilìcitas; por un lado tenemos el procedimiento comùn, bajo el cual se enjuician la mayoria de los comportamientos ilìcitos, y por otro lado se encuentran regulados los denominados Procedimientos Especiales, los cuales se regulan en el libro tercero del còdigo procesal penal, y se diferencian de los anteriores porque en èstos no se observan todas las etapas que se advierten en el procedimiento comùn. Los Procedimientos Especiales que regula nuestro proceso penal son:

1- El Procedimiento Abreviado,

2- La Acciòn Privada.

3- El Antejuicio

4- El Juicio Para la Aplicaciòn Exclusiva de Medidas de Seguridad, y

5- El Juicio Por Faltas.

Estos procedimientos como ya se dijo, presentan caracterìsticas particulares que los hace diferentes del procedimiento común, pudiéndose señalar entre otras: la forma del tratamiento procesal, la naturaleza de sujetos que intervienen, etc.-

LA CONCILIACION

Entre las instituciones novedosas que encontramos en el código procesal penal salvadoreño vigente desde el 20 de abril de mil novecientos noventa y ocho, tenemos LA CONCILICIACION, regulado esencialmente en el art. 32 del mencionado cuerpo normativo, y sobre la cual en algunas ocasiones se han vertido variados e injustificados señalamientos; y ésto en virtud de haberse malentendido su funcionamiento.

Según el diccionario de la lengua, CONCILIAR, del Latín Conciliare, significa: Componer, ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. Esta circunstancia puede ser intentada por espontánea voluntad de cualquiera de las partes o por la mediación de un tercero, quien, advertido de las diferencias, no hace otra cosa que ponerlos en presencia para que antes de que accionen busquen la coincidencia.- Tambien se ha señalado que consiste en: El acuerdo entre partes que resuelven desistir de su actitud litigiosa, por renuncias recíprocas. Se le ha conceptuado tambien como: Aveniencia de las partes en un acto judicial, previo a la iniciación de un pleito. En base a la regulación normativa que de este instituto se hace en nuestro código procesal penal, podemos definir la conciliación como:" Un acuerdo de autocomposición entre imputado y víctima, previo a la finalización de los debates en la vista pública, que motiva en los casos taxativamente señalados en la ley, la suspensión del procedimiento, y conlleva la extinción de la acción penal, si el imputado cumpliere lo que se hubiere comprometido con aquélla, dentro del plazo pactado, entre cuyas condiciones se comprenderá la reparación del daño a la víctima o al ofendido por el delito.

La conciliación sólo procederá cuando se trate de los delitos siguientes: a) Delitos contra el patrimonio o de contenido patrimonial; b) Homicidio culposo; c) Lesiones comprendidas en los artículos 142 y 146 del código penal; d) Delitos de acción pública previa instancia particular, e) Delitos sancionados con penas no privativas de libertad; y f) Delitos menos graves.

MEDIDAS DE COERCION PROCESAL EN EL PROCESO PENAL. ASPECTOS GENERALES.-

Debemos de saber que los derechos fundamentales garantizados en nuestra Constitución de la República no son derechos absolutos o irrestrictos, admitiéndose limitaciones a los mismos.


De elevada importancia en lo que respecta a la intervención del Estado en los derechos fundamentales de las personas, es lo regulado en la legislación procesal penal. Por ello es que gran parte de nuestras normas constitucionales estan orientadas a regular aspectos vinculados con el proceso penal. De tal suerte que se regula así la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la libertad personal y de movimiento, el derecho a la intimidad, etc.-


Estas intervenciones estatales en los derechos fundamentales de las personas que se realizan de forma legítima, son las que un buen sector de la doctrina ha denominado "MEDIDAS DE COERCION", haciéndo énfasis en que se permite el ejercicio de la fuerza estatal para hacerlas efectivas aún en contra de la voluntad del que debe ser sometido a ellas; otro sector de la doctrina las ha denominado "MEDIDAS CAUTELARES", resaltando que éstas no persiguen un fin en sí mismas, sino mas bien son un medio para lograr los fines del proceso, poniéndose en evidencia la finalidad de cautela que poseen.


La doctrina reconoce que las medidas de coerción en el proceso penal no pueden tener el caracter de una pena anticipada, sino mas bien sus fines son de caracter procesal y no los característicos de las penas.


Los fines de las medidas cautelares los podemos enumerar de la siguiente manera:


1- Impedir que la persona del imputado se sustraiga de la acción de la justicia o bien de la ejecución de la sentencia.


2- Asegurar la ejecución de la sentencia en lo relativo a los objetos que podrían ser objeto de comiso.


3- Asegurar que los medios de prueba sean recogidos y seleccionados sin que se produzcan interferencias de parte del imputado; y


4- Asegurar la ejecución de la sentencia en cuanto a la acción civil resarcitoria.


Se pueden definir pues la medidas cautelares como: " Aquellas resoluciones judiciales debidamente fundamentadas, que pueden adoptarse contra el presunto responsable de la acción delictiva, como consecuencia por un lado de su cualidad de imputado, y por otro, de la fundada probabilidad de su ocultación personal o patrimonial en el curso de un procedimiento penal, por las que se limita provisionalmente la libertad o la libre disposición de sus bienes, con el fin de garantizar los efectos penales y civiles de la sentencia.


En el proceso penal existen dos tipos de medidas cautelares: Las denominadas personales y la reales, las primeras son aquellas que se dirigen propiamente a asegurar los efectos penales de la sentencia, e implican una limitación o restricción del derecho a la libertad personal, pudiéndose señalar como ejemplos: La detención para inquirir, la detención provisional, etc.; las segundas tambien denominadas civiles o patrimoniales, estan encaminadas a asegurar las responsabilidades civiles derivadas de la infracción penal; entre éstas podemos mencionar: La fianza, la hipoteca, el ´depósito de dinero, etc.

LA GARANTIA DEL JUICIO PREVIO EN EL PROCESO PENAL

Debemos de recordar que EL PROCESO PENAL en esencia expresa la idea de la limitación del poder del Estado, convirtiéndose en un instrumento de protección jurídica en favor de las personas . Así se desprende del contenido del art. 11 de La Constitución de la República cuando señala que: "Ninguna persona puede ser privada de su derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la posesión, ni de cualquiera otro de sus derechos sin ser previamente oida y vencida en juicio con arreglo a las leyes". Esta garantía constitucional así expresada incorpora dos contenidos esenciales: En primer lugar, que la imposición de una pena o la aplicación de una medida de seguridad como facultad punitiva del Estado esta limitada por una forma, que es precisamente el proceso, y no cualquier proceso, sino el legalmente configurado; y en segundo lugar, la necesaria existencia de un juez; y esto es así pues no se concibe la imposición de una pena o la aplicación de una medida de seguridad, sino en razón de una sentencia judicial.

El Nuevo Còdigo Procesal Penal

La Asamblea Legislativa de la Repùblica de El Salvador ha aprobado recientemente un nuevo Còdigo Procesal Penal, el cual entrará en vigencia el pròximo uno de julio del presente año, y se espera se convierta en una herramienta màs eficaz que contribuya al combate del flagelo de la delincuencia que abate a todos los Salvadoreños. La aprobaciòn de este còdigo no ha sido pacìfica, pues implicò que las fracciones polìticas representadas en la Asamblea Legislativa sostuvieran importantes debates, sobre todo en aquellos temas que tienen que ver con la investigaciòn de los hechos punibles, competencia de los jueces y la estructura misma del proceso. Este nuevo còdigo vendrà a sustituir al que se encuentra vigente desde el veinte de abril del año mil novecientos noventa y ocho.