Debemos de recordar que EL PROCESO PENAL en esencia expresa la idea de la limitación del poder del Estado, convirtiéndose en un instrumento de protección jurídica en favor de las personas . Así se desprende del contenido del art. 11 de La Constitución de la República cuando señala que: "Ninguna persona puede ser privada de su derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la posesión, ni de cualquiera otro de sus derechos sin ser previamente oida y vencida en juicio con arreglo a las leyes". Esta garantía constitucional así expresada incorpora dos contenidos esenciales: En primer lugar, que la imposición de una pena o la aplicación de una medida de seguridad como facultad punitiva del Estado esta limitada por una forma, que es precisamente el proceso, y no cualquier proceso, sino el legalmente configurado; y en segundo lugar, la necesaria existencia de un juez; y esto es así pues no se concibe la imposición de una pena o la aplicación de una medida de seguridad, sino en razón de una sentencia judicial.
